Corrido de las negociaciones que garantizan votos y que otros gobernadores mantienen con la Casa Rosada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue de cerca la redacción final y cómo terminará sancionándose la llamada Ley Ómnibus. De lo que salga de ese texto, se hará una evaluación para determinar si es necesario y posible recurrir a la Corte Suprema como subestado y pedir la inconstitucionalidad.
Son varios los puntos que el gobierno de Axel Kicillof pone bajo la lupa de la norma que se debate entre este miércoles y jueves en la Cámara de Diputados de la Nación. Las facultades delegadas son una de ellos.
El diputado nacional José Luis Espert confirmó esta mañana que hay acuerdo con la mayoría de los bloques para avanzar con la votación en general y que la Cámara baja le cederá facultades especiales al presidente Javier Milei por dos años en materia sanitaria, energética, económica y seguridad.
Si bien una incursión judicial es potestad de la Fiscalía de Estado, una de las personas que está detrás del análisis que hará la Provincia con una eventual avanzada en el máximo tribunal es el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Se trata de un funcionario que inició su gestión con un bajo perfil, pero siempre integró el círculo cercano al gobernador. Trabaja con el mandatario desde antes de su llegada al gobierno bonaerense.
Además de las facultades delegadas, otro de los puntos que acaparan la atención del gobierno bonaerense es la propuesta de privatización de las empresas del Estado, muchas de las cuales tienen su desarrollo en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El nudo allí es cómo se podrían ver afectados los intereses bonaerenses con la decisión de vender los activos. Solo para citar un ejemplo: Aguas y Saneamientos Sociedad Anónima (AySA), con cobertura en todo el conurbano bonaerense.
